La congresista Flor Pablo expresó su preocupación ante lo que considera una polÃtica desigual. En su intervención, remarcó que mientras se asegura un alivio económico a un sector empresarial especÃfico, se mantiene sin atender las demandas de maestros, cesantes y jubilados que sobreviven con pensiones bajas. "Nos dicen que no hay plata para dar comida en secundaria o para construir colegios, pero sà para entregar 20 mil millones en exoneraciones a agroexportadoras", señaló la legisladora.
Docentes en condición precaria Los gremios de profesores sostienen que el Estado mantiene una diferencia tratodo entre profesiones. Mientras policÃas, militares y diplomáticos cuentan con regÃmenes especiales que les permiten acceder a jubilaciones sostenidas, los maestros deben conformarse con pensiones que en muchos casos no superan los 800 soles. Esta situación, afirman, evidencia un patrón de exclusión hacia quienes dedican décadas de servicio en las aulas.
"Después de toda una vida enseñando, nos condenan a recibir pensiones que no cubren lo básico. Eso no es correcto ni justo", expresó un vocero del Magisterio. El reclamo no solo está centrado en los montos, sino también en la percepción de desigualdad con relación a otros sectores del aparato estatal.
La posición de los jubilados Los cesantes agrupados en el Movimiento de Cesantes y Pensionistas (MACEP) recordaron que llevan años solicitando mejoras. Según indicaron, cada vez que insisten en un reajuste o en la homologación de sus pensiones con las de otros trabajadores del sector público, reciben respuestas que apelan a la falta de recursos oa supuestas limitaciones legales. Sin embargo, advierten que el reciente beneficio a las agroexportadoras contradice ese argumento.
"Sà hay dinero, lo que falta es voluntad polÃtica. Si eliminamos las exoneraciones tributarias, se podrÃa financiar pensiones dignas y mejorar la infraestructura educativa", señalaron representantes de MACEP.
Un debate de prioridades fiscales Para analistas económicos, la controversia radica en la forma en que el Estado prioriza el gasto público. Las exoneraciones tributarias suelen argumentarse como mecanismos para incentivar la inversión privada y mantener la competitividad de ciertos sectores productivos. No obstante, la magnitud del monto aprobado en esta ocasión genera cuestionamientos sobre la proporcionalidad y el impacto que tendrá en áreas sociales como educación y salud.
El sector educativo, según datos del Ministerio de EconomÃa y Finanzas, enfrenta un déficit en infraestructura que supera los 100 mil millones de soles. Además, persisten brechas de conectividad y acceso en zonas rurales, donde los estudiantes carecen de condiciones mÃnimas para desarrollar sus aprendizajes. En ese contexto, los gremios docentes insisten en que destinar recursos a condonar impuestos a grandes empresas mientras se desatienden esas necesidades es un contrasentido.
Impacto en la opinión pública Las declaraciones de la congresista Flor Pablo y los gremios magisteriales reavivaron el debate sobre la distribución de los recursos fiscales en el paÃs. El contraste entre el trato otorgado a las empresas agroexportadoras y el abandono percibido en la educación pública ha generado crÃticas en redes sociales y en foros académicos.
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