Familiares de víctimas de desaparecidos, secuestrados y detenidos durante el conflicto armado interno lamentaron que el actual gobierno decretara 3 días de duelo nacional por la muerte del dictador Alberto Fujimori.
Alberto Fujimori, murió a los 86 años dejando una cuantiosa deuda de 57 millones de reparación civil al Estado peruano y sin rendir cuentas por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno.
“No me alegro, pero me indigno con la actitud en vida de este señor que ha violado los DDHH (…). Ni siquiera ha pedido perdón a los familiares de Barrios Altos y La Cantuta” dijo la vicepresidenta de Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep), Adelina García Mendoza.
Según información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade) a cargo del Ministerio de Justicia, en el Perú hasta 2022 había un total de 21 ml 918 desaparecidos, de los cuales 9 mil 205 se encontraban en Ayacucho, lugar donde se fundó esta organización liderada por Angélica Mendoza.
Sin embargo, en 1992, Alberto Fujimori, acusó a la presidenta de Anfasep, Angélica Mendoza de Ascarza (conocida como Mamá Angélica) de trabajar en la embajada de Francia para ayudar a los terroristas por lo que fue juzgada por jueces sin rostro, como recuerda Adelina García.
“Ella era una mujer quechua hablante que buscaba a su hijo y que nos estaba ayudando a todas las familias para buscar a nuestros seres queridos para ello organizó Anfasep, no era una delincuente” precisó.
La vicepresidenta de Anfasep narró a Servindi, que tras esta denuncia, decenas de asociadas abandonaron su lucha por encontrar a sus familiares por miedo de ser juzgadas y encarceladas, algunas de las cuales volvieron en 2003 tras la entrega del Informe Final de la CVR.
“Cuando tienes un familiar desaparecido vives siempre en zozobra. ¿Dónde estará?, ¿habrá muerto?, ¿estará vivo?, nos hacemos esas preguntas. Ese señor [Fujimori] se fue sin rendir cuentas a nuestro país y a los familiares” lamentó Adelina García.
No hay justicia sin memoria
El 8 de agosto de este año el Congreso liderado por Eduardo Salhuana ordenó la promulgación de la Ley de la impunidad, que ordena archivar las investigaciones por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante 1980 al 2002.
Entre los directos beneficiarios de esta norma se encontraban los expresidentes Alberto Fujimori y Alan García, así como altos mandos policiales y militares, como senderistas.
Hasta el momento, Augusto Gabilondo García Barco sentenciado por el caso Huanta, así como exmiembros del grupo Colina Carlos Pichilingue Guevara y Julio Chuqui Aguirre han solicitado acogerse a esta norma.
Muy al contrario, la obtención de justicia para las madres de Anfasep, parece muy lejano, pues muchas de ellas han muerto en la búsqueda de sus desaparecidos y otras de avanzada edad tampoco pueden continuar en esta lucha, lamenta Adelina García.
“En el caso de Mamá Angélica y en mi caso ha llegado a una sentencia, pero ningún culpable esta en la cárcel, ya son 7 años que hemos alcanzado la sentencia, pero ni siquiera hay reparación, no hay nada” cuenta a Servindi.
Adelina García lamenta la aprobación de la Ley de la impunidad que debilita la búsqueda de justicia, también critica la falta de reparación para los familiares de las víctimas.
Agrega que, a pesar de la promulgación de la Ley de la impunidad que debilita la búsqueda de justicia seguirán en las calles y que a pesar que ya no puedan seguir en la lucha, otros continuarán con la búsqueda.
“Si no hay una reparación digna, entonces de qué reconciliación hablaríamos. Este gobierno debería entender que el pueblo y país que se olvida su historia, está condenado a repetirla” enfatiza la vicepresidenta de Anfasep. “Eran personas, eran peruanos, no podemos olvidar así nomás”, termina. FUENTE: Servindi. FOTO: x
Alberto Fujimori, murió a los 86 años dejando una cuantiosa deuda de 57 millones de reparación civil al Estado peruano y sin rendir cuentas por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno.
“No me alegro, pero me indigno con la actitud en vida de este señor que ha violado los DDHH (…). Ni siquiera ha pedido perdón a los familiares de Barrios Altos y La Cantuta” dijo la vicepresidenta de Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep), Adelina García Mendoza.
Según información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade) a cargo del Ministerio de Justicia, en el Perú hasta 2022 había un total de 21 ml 918 desaparecidos, de los cuales 9 mil 205 se encontraban en Ayacucho, lugar donde se fundó esta organización liderada por Angélica Mendoza.
Sin embargo, en 1992, Alberto Fujimori, acusó a la presidenta de Anfasep, Angélica Mendoza de Ascarza (conocida como Mamá Angélica) de trabajar en la embajada de Francia para ayudar a los terroristas por lo que fue juzgada por jueces sin rostro, como recuerda Adelina García.
“Ella era una mujer quechua hablante que buscaba a su hijo y que nos estaba ayudando a todas las familias para buscar a nuestros seres queridos para ello organizó Anfasep, no era una delincuente” precisó.
La vicepresidenta de Anfasep narró a Servindi, que tras esta denuncia, decenas de asociadas abandonaron su lucha por encontrar a sus familiares por miedo de ser juzgadas y encarceladas, algunas de las cuales volvieron en 2003 tras la entrega del Informe Final de la CVR.
“Cuando tienes un familiar desaparecido vives siempre en zozobra. ¿Dónde estará?, ¿habrá muerto?, ¿estará vivo?, nos hacemos esas preguntas. Ese señor [Fujimori] se fue sin rendir cuentas a nuestro país y a los familiares” lamentó Adelina García.
No hay justicia sin memoria
El 8 de agosto de este año el Congreso liderado por Eduardo Salhuana ordenó la promulgación de la Ley de la impunidad, que ordena archivar las investigaciones por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante 1980 al 2002.
Entre los directos beneficiarios de esta norma se encontraban los expresidentes Alberto Fujimori y Alan García, así como altos mandos policiales y militares, como senderistas.
Hasta el momento, Augusto Gabilondo García Barco sentenciado por el caso Huanta, así como exmiembros del grupo Colina Carlos Pichilingue Guevara y Julio Chuqui Aguirre han solicitado acogerse a esta norma.
Muy al contrario, la obtención de justicia para las madres de Anfasep, parece muy lejano, pues muchas de ellas han muerto en la búsqueda de sus desaparecidos y otras de avanzada edad tampoco pueden continuar en esta lucha, lamenta Adelina García.
“En el caso de Mamá Angélica y en mi caso ha llegado a una sentencia, pero ningún culpable esta en la cárcel, ya son 7 años que hemos alcanzado la sentencia, pero ni siquiera hay reparación, no hay nada” cuenta a Servindi.
Adelina García lamenta la aprobación de la Ley de la impunidad que debilita la búsqueda de justicia, también critica la falta de reparación para los familiares de las víctimas.
Agrega que, a pesar de la promulgación de la Ley de la impunidad que debilita la búsqueda de justicia seguirán en las calles y que a pesar que ya no puedan seguir en la lucha, otros continuarán con la búsqueda.
“Si no hay una reparación digna, entonces de qué reconciliación hablaríamos. Este gobierno debería entender que el pueblo y país que se olvida su historia, está condenado a repetirla” enfatiza la vicepresidenta de Anfasep. “Eran personas, eran peruanos, no podemos olvidar así nomás”, termina. FUENTE: Servindi. FOTO: x