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Desde septiembre de 2017 y hasta abril de este año 2018, se
han registrado altos niveles de violencia en contra de personas que ocupan y
ocuparon cargos políticos así como precandidatos, y candidatos, particularmente
a nivel local, pertenecientes a distintas afiliaciones y movimientos políticos
del país, que incluyen decenas de asesinatos, amenazas a actores
políticos y agresiones contra mujeres políticas, muchas de las cuales son
precandidatas y candidatas.
En atención a estos hechos, la Comisión espera
que el Estado mexicano siga adoptando todas las medidas
necesarias a fin de garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal
y la seguridad de aquellas personas candidatas a cargo de elección, así como de
las personas que ocupan dichos cargos, de todas las razas y etnicidades, sin
distinción. En particular, señala la CIDH el Estado debe seguir
adoptando las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad de los
actores políticos en los tres niveles de gobierno, sin distinción, para el
derecho a elegir y a ser elegido puedan ejercerse libres de violencia.
Asimismo, la Comisión llama al Estado a iniciar investigaciones
sobre todos los hechos reportados, y a reforzar todas aquellas
acciones que garanticen que las que están en curso se lleven a cabo de
forma diligente. Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a
establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a
los posibles autores intelectuales. La CIDH subraya la importancia que
dichas investigaciones garanticen el acceso a la justicia de los familiares.
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