
Desafiando la institucionalidad, el Gobierno
Nacional acaba de avasallar las compuertas de la división de poderes mediante
el dictado, inmediata publicación y entrada en vigencia del Decreto 27/2018
(B.O. 11-01- 2018), groseramente denominado “Desburocratización y
Simplificación”.
Se trata, cuando no, de un decreto
nominado como de “necesidad y urgencia”, que invoca, pero no cumplimenta los
recaudos establecidos por el art. 99, inc. 3º de la C.N.
Recordemos el texto de esta norma, en
cuanto aquí concierne: “…El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los
trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral
o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros
que deberán refrendarlo, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros…”. LEER MAS