Keiko perdió la elección en el Perú, pero volteó el resultado con los votos de los peruanos en el extranjero. Con un respaldo dentro del país que se concentra principalmente en Lima, gobernará con la mayor parte de las provincias en contra. En el sur andino, la región más pobre y excluida, el rechazo a su elección bordea el 80 por ciento. El nuevo fujimorismo, que asume el gobierno con un discurso de mano dura, reivindica al viejo fujimorismo, que hundió al país en una dictadura marcada por violaciones a los derechos humanos y corrupción.
Un día antes de su juramentación como presidenta, Keiko Fujimori anunció a tres miembros de su gabinete ministerial. Como presidente del Consejo de Ministros asumirá su primer vicepresidente, Luis Galarreta, secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular (FP) y parte de su círculo político más cercano. En Economía irá como ministro Elmer Cuba, economista neoliberal con viejos vínculos con el fujimorismo. El ministro de Relaciones Exteriores será el periodista Carlos Espá, candidato presidencial en las últimas elecciones por el partido ultraconservador SíCreo, en las que obtuve menos del tres por ciento. En el balotaje apoyó a Fujimori. Durante quince años fue director de comunicaciones en la embajada de Estados Unidos, cargo que dejó en 2023 para ingresar en política. El nombramiento de Espá, que ha expresado su admiración por Donald Trump, confirma un alineamiento sin reservas con Estados Unidos.
En la ceremonia en el Congreso en la que asumirá la presidencia, Keiko Fujimori estará acompañada por la ultraderecha regional. El presidente argentino Javier Milei será uno de los presentes. La heredera del dictador Fujimori se ha declarado su admiradora. Cuando se confirmó la victoria de la fujimorista, conversaron por Zoom, diálogo en el que intercambiaron elogios.
Para espanto de los peruanos, Keiko ha dicho que las políticas de Milei son un ejemplo a seguir. Otros personajes del elenco derechista regional que la rodearán son los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz; de Chile, José Antonio Kast; de Ecuador, Daniel Noboa; de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Raúl Mulino. Aprovecharán el encuentro en Lima para buscar avanzar en una coalición de gobiernos derechistas. También estarán el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y el rey de España, Felipe VI.
El fujimorismo llega a la presidencia cuando ya ha copado y puesto a su servicio la mayor parte de las instituciones, controlando en casi su totalidad el sistema de justicia: tiene bajo su control el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que nombra y destituye jueces y fiscales, y desde la JNJ avanza para someter lo que queda de independencia en el Poder Judicial. Lo ha podido hacer desde la amplia mayoría parlamentaria que formó con sus aliados, coalición conocida como “el pacto mafioso”, que tomó el control político del país luego de la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.
Desde esa mayoría parlamentaria, el fujimorismo ha promulgado leyes a favor de la impunidad de la corrupción política y para los represores acusados de violaciones a los derechos humanos, para quienes ha dado una ley de amnistía, una norma de prescripción de los crímenes de lesa humanidad y otra para que los delitos de policías y militares pasen al fuero castrense.
Autoritarismo, impunidad para violadores de los derechos humanos y una larga historia de corrupción, son las principales amenazas con las que arranca el nuevo régimen fujimorista. El autoritarismo fujimorista tiene que ver no solamente con los fantasmas de la dictadura de su fundador, sino también con la trayectoria política de Keiko Fujimori. Con el control directo que ahora asume de la presidencia del país, se abre el escenario para la toma del poder absoluto por el fujimorismo y una profundización del proyecto autoritario y ultraconservador que ha puesto en marcha desde el Congreso.
Sin embargo, después de las últimas elecciones, el fujimorismo tiene el Ejecutivo, pero ya no tiene la aplastante mayoría que con sus aliados tenía en el anterior Congreso. En el Senado tiene ahora 22 legisladores de 60, y con su aliado, el partido de ultraderecha Renovación Popular (RP), llega a 30 senadores. Las otras 30 bancas se las reparten cuatro partidos –el izquierdista Juntos por el Perú del excandidato presidencial Roberto Sánchez, el socialdemócrata Ahora Nación y los centristas Obras y Buen Gobierno– que se han aliado para formar un bloque democrático. Una deserción en el bloque democrático le ha permitido al fujimorismo hacerse con la presidencia del poderoso Senado por solo un voto, cargo que asume el senador Miguel Torres, segundo vicepresidente de Keiko. Una victoria clave para su proyecto autoritario. Pero la alianza oficialista perdió la presidencia de la Cámara de Diputados, donde la ultraderecha gobernante tiene 56 representantes de 130 y el bloque democrático, que se hizo con la mesa directiva, tiene 74 legisladores.
Familiares de las víctimas de la dictadura de Fujimori, de la violencia del Estado durante el conflicto armado interno que estalló en 1980 con un saldo de cerca de 70 mil muertos y 20 mil desaparecidos, y de la represión reciente, como la del gobierno de Dina Boluarte, se han movilizado para denunciar el autoritarismo y la impunidad que representa el fujimorismo. Demandan la derogatoria de las leyes de impunidad para violadores de derechos humanos.
Gisela Ortiz, hermana de uno de los nueve estudiantes de la Universidad de La Cantuta secuestrados y asesinados en 1992 por el Grupo Colina, destacamento militar que operó como un escuadrón de la muerte bajo órdenes de Alberto Fujimori, le señaló a PáginaI12 que reciben al gobierno de Keiko Fujimori “con temor, porque el fujimorismo es una mafia política muy autoritaria y eso nos pone en riesgo, pero igual vamos a seguir luchando, y también con indignación”. Rechazó un posible diálogo de los familiares de las víctimas con el nuevo gobierno. “Jamás vamos a dialogar con Keiko Fujimori, ella fue parte del gobierno asesino y corrupto de su padre que acabó con la vida de nuestros familiares, fue la primera dama de la dictadura cuando sacaron a su madre después que denunció los crímenes que se cometían. Y reivindica esa dictadura. Ella señala ahora que es necesaria la reconciliación, pero con su poder en el Congreso ha dado leyes que nos arrebatan nuestros derechos a la verdad y a la justicia. No puede haber reconciliación cuando no hay justicia. No es posible una democracia donde se impongan el olvido y la impunidad”.
El fujimorismo defiende a los represores del pasado y del presente. Respaldó la brutal represión del gobierno de Dina Boluarte contra las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023, que dejó medio centenar de muertos. En el Congreso protegió a Boluarte. Uno de los muertos en esas protestas fue el hermano de Milagros Samillán, asesinado por un balazo disparado por la policía cuando atendía a un herido durante la represión a las manifestaciones en la ciudad de Juliaca, en el sur andino del país.
“Para nosotros –le declaró a este diario Milagros Samillán– la señora Fujimori, que ha cogobernado con Dina Boluarte y la ha blindado, representa la impunidad y la corrupción. También el miedo a que nos puedan desaparecer. Cuando dice que va a gobernar como su padre, sabemos qué puede pasar. Pero aquí estamos para hacerle frente”. (Por Carlos Norieg)
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