En un comunicado difundido por el canciller de Venezuela, Iván Gil, el Gobierno del país sudamericano reitera la denuncia a nivel internacional «que ha sido víctima de una agresión criminal, ilegítima e ilegal contra su territorio y su pueblo». En este sentido, la misiva deja constancia que la acción militar dejó más de un centenar de muertes de civiles y militares, «que, en defensa de la Patria, fueron asesinados en flagrante violación del derecho internacional».
A su vez, reitera que en el marco de la agresión del pasado sábado 3 de enero «se produjo el secuestro ilegal del Presidente Constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, y de la Primera Dama, Cilia Flores, lo cual constituye una grave violación a la inmunidad personal de los jefes de Estado y a los principios fundamentales del orden jurídico internacional».
En ese sentido, el comunicado anuncia que para atender esta situación en el marco del derecho internacional y en estricto apego a los principios de soberanía nacional y de la Diplomacia Bolivariana de Paz, el Gobierno Bolivariano de Venezuela decidió «iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de los Estados Unidos de América».
Según detalla el documento, este proceso estará «orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países, con el propósito de abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del Presidente de la República y la Primera Dama, así como abordar una agenda de trabajo de interés mutuo».
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