Keiko Fujimori propuso allanamientos masivos y redadas casa por casa con apoyo de la PolicÃa Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, en un planteamiento de seguridad ciudadana que remite a estrategias aplicadas por Donald Trump en Estados Unidos. La iniciativa fue expuesta durante una entrevista televisiva y ha generado reacciones por el alcance de las medidas anunciadas y por el contexto polÃtico en el que se presentan.Desde el inicio de la conversación, la lideresa de Fuerza Popular señaló que, de llegar al poder, impulsarÃa operaciones conjuntas entre la PNP y las FFAA para ingresar a viviendas de manera sistemática, con el objetivo de enfrentar a la delincuencia organizada y a ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular. Según sus declaraciones, estas acciones se realizarÃan “casa por casa”, evocando métodos empleados durante el conflicto interno.
Propuesta de redadas y control migratorioEn el mismo espacio televisivo, Keiko Fujimori afirmó que su plan contempla redadas y la expulsión de extranjeros indocumentados, bajo un esquema similar al de las agencias de control migratorio de Estados Unidos - ICE. La excandidata presidencial sostuvo que el paÃs necesita respuestas inmediatas frente al incremento de la criminalidad, especialmente en zonas urbanas donde operan bandas vinculadas al sicariato y la extorsión.
La propuesta incluye la creación de una estructura estatal dedicada exclusivamente al control migratorio, lo que ha sido interpretado como un intento de replicar un modelo comparable al ICE estadounidense. Para Fujimori, este enfoque permitirÃa una acción directa del Estado frente a delitos asociados a redes transnacionales.
Medidas penales y sistema carcelarioDentro de su planteamiento, la dirigente polÃtica descartó la pena de muerte al considerarla innecesaria, pero defendió la aplicación de cadena perpetua para delitos graves. Además, anunció la construcción de cuatro cárceles de máxima seguridad, destinadas a internos condenados por terrorismo, crimen organizado y narcotráfico.
Relación con organismos internacionalesOtro punto expuesto por Keiko Fujimori fue la intención de evaluar un retiro parcial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según explicó, la medida buscarÃa evitar el pago de indemnizaciones a personas condenadas por terrorismo, una posición que guarda similitudes con decisiones adoptadas por el gobierno de Donald Trump respecto a acuerdos multilaterales.
Este planteamiento ha generado debate en el ámbito jurÃdico, debido a las implicancias que tendrÃa para el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano y para la protección de derechos fundamentales.
Contrastes con el historial polÃticoEl anuncio de estas medidas ha reavivado cuestionamientos sobre el desempeño previo de Fuerza Popular en materia de seguridad ciudadana. Durante su presencia mayoritaria en el Congreso, el partido no impulsó reformas estructurales contra la delincuencia y respaldó iniciativas legislativas que fueron criticadas por favorecer la impunidad (Leyes Pro crimen).
Asimismo, sectores crÃticos señalan que la agrupación mantuvo silencio frente a la falta de acciones concretas del gobierno de Dina Boluarte y del actual Parlamento para enfrentar el avance del crimen organizado. A ello se suma el historial judicial de la lideresa, marcado por investigaciones por presuntos delitos de corrupción, que contrastan con el discurso de orden y control que hoy promueve.
En este contexto, las propuestas de Keiko Fujimori se insertan en un escenario polÃtico polarizado, donde el debate sobre la seguridad continúa siendo uno de los principales ejes de confrontación de cara a futuros procesos electorales.
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