Edison David Farinango Tontaquimba, agricultor y artesano de San Ignacio de Cotacachi, falleció este sábado 27 de diciembre en el Hospital Eugenio Espejo, luego de dos meses de internamiento producto de dos impactos de bomba a corta distancia, uno en la pierna y otro en la espalda, que ocasionaron daño renal irreversible y un deterioro progresivo de sus órganos. Con su muerte, ascienden a cuatro las víctimas mortales vinculadas al uso excesivo de la fuerza durante el paro nacional de 2025.
Referentes comunitarios y organizaciones de derechos humanos calificaron el hecho como una consecuencia directa de la “represión militarizada” en las movilizaciones, mientras familiares y vecinos denunciaron disparos a corta distancia, detenciones arbitrarias y ausencia de garantías mínimas durante los operativos. Cotacachi fue una de las zonas donde se reportaron mayores niveles de intervención de fuerzas combinadas policiales y militares entre septiembre y octubre de 2025.
La muerte del joven genera consternación y reactiva exigencias de investigación penal, reparación integral y supervisión internacional. Para organizaciones sociales, este caso se convierte en un símbolo humano de la crisis: “Edison no murió por enfermedad, murió por represión”.
Cierre de fronteras y justificación oficial: “operación contra el crimen organizado”
En paralelo al clima de tensión, el Gobierno de Ecuador confirmó que el cierre de los pasos fronterizos con Colombia y Perú responde a “criterios de seguridad nacional orientados a combatir el crimen organizado”. La medida, vigente desde el 24 de diciembre, restringe la movilidad internacional al puente de Rumichaca en el norte y a Huaquillas en el sur.
Según la Cancillería y el Ministerio de Gobierno, la decisión estaría sustentada en análisis de inteligencia para impedir el uso de rutas irregulares vinculadas a trata de personas, contrabando, minería ilegal y redes de sicariato, en el marco del estado de “conflicto armado interno” declarado desde 2024. El Ejecutivo sostiene que el control fronterizo busca evitar la expansión de economías criminales y proteger a las comunidades limítrofes.
Sin embargo, la medida generó preocupaciones en municipios fronterizos y sectores turísticos de provincias como Loja, que advierten afectaciones económicas inmediatas, caída del flujo comercial y aislamiento territorial.
Desde 2024, Ecuador enfrenta el índice de homicidios más alto de la región, situación que el Gobierno atribuye al avance de grupos catalogados como terroristas. Críticos, en cambio, cuestionan la proporcionalidad de las decisiones y su impacto sobre la ciudadanía en medio de la crisis social y represiva.
Una muerte que ensancha el conflicto
La muerte de Edison David Farinango no ocurre en un vacío político, sino en un país atravesado por militarización, cierres fronterizos, represión en protestas y un estado de seguridad excepcional prolongado. Para sectores sociales, el caso evidencia que la conflictividad no se ha resuelto y que el costo humano continúa aumentando.
Su caso reabre el debate sobre el uso desproporcionado de la fuerza pública y la respuesta estatal a la crisis social. Esta tragedia evidencia, nuevamente, las consecuencias de la política represiva en el marco de las protestas sociales. Autor: teleSUR - cc - JML Fuente: Radio Pichincha - Agencias
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