El tablero electrónico registró 62 votos a favor de la propuesta inicial, cifra que creció con el respaldo adicional de nueve legisladores que se sumaron durante la confirmación del resultado. Aunque el número de votos requeridos era de 68, este mínimo no consideraba a los 28 miembros de la Comisión Permanente, impedidos de votar por ser parte de la instancia que aprobó previamente el informe que sostenía la acusación.
Reconsideración y aprobación de la acusación constitucionalDurante la sesión matutina, el Pleno había aprobado por separado el punto central del informe que acusaba a Espinoza por presuntos delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, prevaricato y falsedad genérica. Este documento también autorizó el levantamiento de su fuero y la remisión del expediente a la Fiscalía de la Nación, que deberá continuar las diligencias. El proceso tiene su origen en la aprobación de un reglamento que, según el Congreso, contradice aspectos de la Ley 32130, que asigna a la Policía Nacional la responsabilidad de dirigir la investigación preliminar de los delitos.
El informe había sido respaldado por la Comisión Permanente con 16 votos favorables, cuatro en contra y dos abstenciones. Dicho documento también sostenía presuntas infracciones a los artículos 38, 103, 109, 159 y 166 de la Constitución. La acusación incluía inicialmente a los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos; sin embargo, estos casos fueron archivados, lo que dejó solo a Espinoza en el procedimiento.
Defensa de Espinoza y cuestionamientos al procesoA su llegada al Parlamento, Espinoza declaró ante los medios que la decisión era el resultado de una persecución política, motivada por las diligencias fiscales que involucraban a congresistas y otros actores del poder político. Afirmó que no participó en ninguna fase técnica del reglamento cuestionado y que el proceso instaurado en su contra vulneraba su derecho a la defensa.
Durante su intervención ante el Pleno, reiteró que no cometió delitos ni faltas constitucionales. Señaló que la sanción buscaba enviar un mensaje al interior del Ministerio Público, especialmente hacia quienes llevan investigaciones sensibles sobre corrupción. “Estoy aquí no por un acto contrario a la Constitución, sino porque se pretende imponer un mensaje de presión que afecta la independencia institucional”, expresó. Su postura recibió apoyo de algunos legisladores, quienes calificaron el proceso como una decisión apresurada y orientada a castigar su labor.
Contexto político y repercusionesDiversas voces críticas indicaron que el proceso de inhabilitación se desarrolló en un clima de confrontación. En redes y pronunciamientos públicos se resaltó que las investigaciones impulsadas por Espinoza involucraban a miembros del Parlamento, lo que generó cuestionamientos sobre la imparcialidad de la sanción. Para sectores políticos y especialistas, la decisión podría tensar aún más las relaciones entre el Ministerio Público y el Congreso, marcadas por disputas institucionales durante los últimos años.
El envío del expediente a la Fiscalía de la Nación abre una nueva etapa en el caso. Ahora, el Ministerio Público deberá evaluar los elementos de la acusación y decidir los siguientes pasos. Mientras tanto, la inhabilitación contra Espinoza quedará firme tras la aprobación del Pleno, lo que implica su retiro de la carrera fiscal y la imposibilidad de asumir cualquier cargo público por una década. Esta situación genera un precedente que seguirá generando debate en torno al equilibrio de poderes y la correcta aplicación de los procedimientos constitucionales.
La sesión concluyó con la confirmación de la votación y la formalización de la resolución legislativa. El debate generado, así como las declaraciones de la magistrada y de los parlamentarios, continuará alimentando la discusión sobre la relación entre el Congreso y las entidades encargadas de la persecución del delito, en un escenario donde se han impulsado diversas medidas que afectan a distintos actores del sistema de justicia.
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