Preocupación en la comunidad educativa por el nuevo ministro: El nombramiento de Jorge Figueroa Guzmán como nuevo ministro de Educación del presidente José Jerí ha despertado inquietud entre la comunidad educativa. El periodista Marcos Sifuentes, del canal "La Encerrona", advirtió sobre su peligrosa cercanía con sectores ultraconservadores y su falta de experiencia pedagógica. Desde el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) hasta asociaciones de padres de familia, diversas voces expresaron preocupación tras conocer sus vínculos y el posible retroceso en políticas de inclusión y equidad de género.
"Nos preocupa que se repitan esquemas del pasado y se abra espacio a agendas religiosas en el ámbito educativo", señaló un dirigente gremial consultado. En redes sociales y foros especializados se multiplicaron los cuestionamientos hacia un funcionario que, aunque con formación legal y tecnológica, no posee trayectoria en gestión educativa ni relación directa con la docencia.
Vínculos con líderes religiosos y redes políticas
Los antecedentes de Figueroa en el sector público refuerzan la percepción de un perfil político más que técnico. Según reveló el periodista Sifuentes, durante su etapa como asesor facilitó reuniones con figuras vinculadas a movimientos religiosos y conservadores. Entre ellas destaca la visita del pastor José Linares, vocero del colectivo "Con mis hijos no te metas", quien fue denunciado por abuso sexual contra su propia hija.
Asimismo, Figueroa habría mantenido vínculos con el activista Francisco de Piérola, conocido por su militancia provida y por haber obtenido contratos con el Estado tras reuniones con funcionarios del Ministerio. Estas conexiones generan inquietud sobre la independencia de su gestión frente a intereses externos y agendas ideológicas que, según especialistas, "amenazan la neutralidad del sistema educativo".
Reacciones y advertencias del sector educativo
La comunidad educativa demandan al Ejecutivo garantizar la continuidad de la educación con enfoque de género y la defensa de la laicidad en las políticas públicas. La designación de Figueroa es vista como un riesgo de retroceso en los avances logrados en los últimos años en materia de igualdad y derechos estudiantiles.
Sifuentes también advierte que, el ministro fue pieza clave en el despacho de Morgan Quero durante el gobierno de Dina Boluarte, periodo en el que se intentó limitar contenidos sobre educación sexual integral. "La educación pública no puede estar subordinada a credos o ideologías personales".
Trayectoria profesional y vínculos institucionales
Figueroa, abogado especializado en derecho digital y nuevas tecnologías, cuenta con un MBA en Administración Estratégica de Empresas obtenido en Centrum Business School, donde se graduó con honores. Posee estudios de maestría en derecho procesal y experiencia en el sector privado, donde se desempeñó como gerente legal y asesor en gestión corporativa.
En el ámbito estatal, ocupó el cargo de asesor II del despacho ministerial del MINEDU en 2020 y 2024, convirtiéndose en un funcionario recurrente dentro de la estructura del ministerio. También trabajó como Gerente de Desarrollo Corporativo en el Poder Judicial y participó en proyectos de gobierno digital en el sector privado.
Relaciones políticas y continuidad de gestiones anteriores
Su pasado político ha sido motivo de observación. Figueroa fue asesor del congresista y almirante Jorge Montoya, reconocido por su línea ultraconservadora, y del exministro Fernando D'Alessio durante el breve gobierno de Manuel Merino. Estas conexiones lo vinculan con sectores que promovieron posturas contrarias a las políticas de igualdad educativa y de inclusión en el currículo escolar.
Fuentes cercanas al Ejecutivo sostienen que su nombramiento responde a una estrategia del presidente José Jerí para mantener control directo sobre el sector Educación, evitando cederlo a cuotas partidarias del Congreso. Esto confirmaría una dinámica de poder donde prima la lealtad política por encima de la especialización técnica. Analistas coinciden en que Educación se ha mantenido bajo influencia directa del Ejecutivo, al no haber sido "repartido" entre partidos como otros ministerios.
El respaldo de la ASUP y las críticas del magisterio
La única institución que saludó públicamente su designación fue la Asociación de Universidades del Perú (ASUP). En un comunicado oficial, la ASUP felicitó a Figueroa "por haber alcanzado la más alta investidura en el sector Educación", gesto interpretado por especialistas como una señal de afinidad con intereses privados vinculados a universidades privadas.
En contraste, el magisterio considera que la designación de un abogado para conducir el Ministerio de Educación evidencia el desinterés por garantizar liderazgo técnico. "¿Un abogado podría dirigir el Minsa? Probablemente no. Entonces, ¿por qué Educación no puede estar en manos de un educador?", se preguntan desde el gremio. Según fuentes del ministerio, ninguna de las autoridades internas aceptó asumir el reto, lo que habría acelerado la designación de Figueroa como salida política más que académica.
El nuevo rostro del Ministerio de Educación
Pese a las críticas, Figueroa ha evitado pronunciarse sobre el enfoque de género o la política docente. En su primera aparición ante los medios, se limitó a decir que su gestión "buscará fortalecer la institucionalidad del sector". Sin embargo, su silencio sobre temas centrales preocupa a los gremios que temen la imposición de agendas externas en la gestión educativa.
El desafío del nuevo ministro será reconstruir la confianza de una comunidad educativa que observa con desconfianza la dirección del Minedu. En un escenario de baja ejecución presupuestal y brechas en infraestructura escolar, su desempeño será evaluado tanto por su capacidad administrativa como por su independencia frente a los grupos conservadores que marcaron su trayectoria.
La designación de Jorge Figueroa Guzmán simboliza la tensión entre la técnica y la política dentro del gabinete de José Jerí. Su paso previo por distintas administraciones y sus vínculos con actores polémicos anticipan una gestión vigilada, donde la transparencia y la neutralidad educativa serán demandas permanentes de la sociedad civil.