En esta conferencia, Las palabras de bienvenida y moderación estuvieron a cargo del magistrado del Tribunal Constitucional (TC), César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucio-nales (CEC) del TC, quien planteó el debate preguntando sobre quién debe impulsar la reforma del sistema de justicia, o si sólo el Poder Legislativo o los propios entes del sistema de justicia deben ser los grandes promotores de esta reforma, y si se van a traducir estas propuestas en leyes y si se necesita de la cooperación internacional para la reforma.
Asimismo, sobre ¿Cuáles son los riesgos en un proceso de reforma?, como el riesgo de la interferencia polÃtica, que es parte de la vida y la historia. Además, se está proponiendo retomar el modelo de la Constitución de 1979, donde el Senado tenÃa una participación decisiva en los nombramientos judiciales.
También preguntó sobre si estaremos pasando a una politización de la justicia después de un proceso de judicialización de la polÃtica y si la reforma del sistema de justicia puede afectar la separación de poderes, que es un principio básico del ordenamiento constitucional.
Igualmente planteó la interrogante sobre ¿cuál es el mejor sistema para la selección de jueces?, ¿el del Consejo de la Judicatura con participación de la sociedad civil?, ¿O el diseño de la actual Junta Nacional de Justicia? ¿O hay una tercera vÃa?
En esa lÃnea, ¿cómo deben ser los concursos públicos para atraer a los mejores candidatos a jueces y fiscales? ¿Y el actual desborde de la criminalidad obliga a una reforma del sistema penal profesional? ¿A la labor o el rol del Ministerio Público en la lucha contra la criminalidad? ¿O estamos en el riesgo de convertirnos en un Estado fallido con este desborde de la criminalidad?
La primera conferencista fue la congresista de la República, Gladys EchaÃz Ramos, quien afirmó que la reforma de la Administración de Justicia nos permitirÃa tener seguridad jurÃdica. Propuso la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura para una formación especializada. Además, sugerir eliminar la ratificación, realizar evaluaciones constantes del desempeño funcional, fortalecer los órganos de control disciplinario y asegurar la capacitación continua.
En tanto, el profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Javier de Belaunde López de Romaña, indicó que el Poder Judicial requiere independencia y una reforma judicial no puede caer en un diseño polÃtico partidario. Detalló que la independencia lleva a la estabilidad y la inmovilidad, pero debe resolver el problema de la provisionalidad, que es un problema presupuestal que debe ser resuelto por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Sostuvo que tiene m iedo a la politización, ya que el producto puede ser otras reformas como la de los años 90.
Otro de los conferencistas fue el excongresista Natale Amprimo Plá, quien coincidió con el problema de la provisionalidad, asà como en la falta de autonomÃa, independencia e infraestructura, que no lo hace atractivo a la excelencia y que permite que los mejores se vinculen al Poder Judicial ya la fiscalÃa. Aseguró que el tema de la justicia es de largo aliento, que no está sobre la base de concursos de acreditación o universidades que entreguen doctorados y maestrÃas en seis meses. Se mostró partidario de la creación de una Academia porque el trabajo de un juez requiere una especialización. Acotó que es un tema de personas, el capital humano, y no de leyes ni de números.
En tanto, el expresidente del Consejo de Ministros y exministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Jiménez Mayor, manifestó que la reforma de justicia debe partir de las propias instituciones de justicia. Resaltó el trabajo que en el año 2003 realizó la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS), que aprobó la PolÃtica de Reforma del Sistema de Justicia, deberÃa ser la hoja de ruta ante la inestabilidad polÃtica que ha impuesto una situación crÃtica para todos los peruanos. Acotó que se debe considerar el expediente electrónico o digital, al igual que la IA generativa y la interoperabilidad de las instituciones de justicia.
Otra expositora fue la profesora de posgrado de la Universidad de San MartÃn de Porres y exministra de Justicia y Derechos Humanos, Delia Muñoz Muñoz, quien sostuvo que ante la crisis no solo se habla de una reforma judicial, sino de un cambio social profundo. Indicó que la reforma tiene que establecer cuáles son los lÃmites del poder polÃtico para no afectar al Poder Judicial. Agrega que en este tipo de procesos hacen falta los operadores y también actores ajenos al sistema judicial: nacionales o externos, que darán el apoyo teórico o los modelos que se van a utilizar. Acotó que el proceso de elección de jueces debe ser meritocrático y que las reformas deben ser aprobadas por el Congreso de la República.
Finalmente, intervino el exjuez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, Pablo Talavera Elguera, quien señaló que el problema es estructural y que el plan de CERIAJUS no tuvo voluntad polÃtica, por lo que afirmó que la reforma debe ser realizada por el Poder Judicial, el Ministerio Público, asà como todos los poderes, Ejecutivo (por los recursos económicos) y Legislativo. Indicó que un problema es la ratificación de los jueces, que puede afectar la independencia. Dijo que otro tema es la transitoriedad de los jueces y no la provisionalidad. Acotó que en estos procesos se debe tomar en cuenta también la IA generativa. Para ver toda la Conferencia panel ingrese al siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=gXfw09PPG2Y
Lima, 2 de junio de 2025
Oficina de Imagen Institucional del Tribunal Constitucional