A las 4:47 p.m., ingresó por Mesa de Partes del Congreso la denuncia constitucional elaborada por la Fiscalía de la Nación contra el presidente Pedro Castillo Terrones y dos exministros. Acusan al jefe del Estado de liderar una presunta organización criminal desde Palacio de Gobierno para lograr beneficios económicos ilegales.
El documento, que tiene 376 páginas, detalla las pistas que permiten concluir que Castillo es el supuesto autor de los delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión en los casos conocidos como MTC-Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda, acumulados en la carpeta fiscal n° 251-2021.
“Hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas”, dijo la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en un pronunciamiento difundido poco después en las redes sociales del Ministerio Público.
Estaba acompañada de todo el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, entre ellos el coronel Harvey Colchado, a quien Castillo pidió retirar. La denuncia incluye también al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas, por organización criminal y colusión; y al exministro de Vivienda Geiner Alvarado, por organización criminal.
Benavides señaló que la investigación realizada permitió descubrir que los involucrados obtuvieron beneficios económicos por nombramientos en puestos claves, cobraron porcentajes de las licitaciones y hubo un uso ilícito de las facultades presidenciales.
Exhortó al Congreso a invocar a la Convención de la ONU contra la corrupción, que Perú ha suscrito, para poder acusar a Castillo ante el Poder Judicial. “Es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional...”, manifestó la fiscal de la Nación.
Caso Petroperú
La denuncia señala que la presunta organización criminal liderada por Castillo designó a Hugo Chávez en la Gerencia General de Petroperú a pedido del empresario Fermín Silva, con el objetivo de controlar y direccionar los procesos de contratación de biodiésel, a fin de favorecer a la empresa Heaven Petroleum Operator.
Afirma que en octubre del año pasado el presidente de la República se reunió con Chávez y los representantes de la empresa interesada para favorecerlos.
Señala que Castillo habría recibido 2 millones de soles de parte de Karelim López, a través del secretario general Bruno Pacheco. Menciona como indicio la fiesta que ella le organizó al mandatario.
Caso MTC-Puente Tarata
En este caso, habrían nombrado funcionarios afines al Gobierno para manipular los procesos de contratación en Provías Descentralizado el año pasado. Esto contando con la participación del entonces ministro, Juan Silva.
Concluyeron que realizaron acciones para beneficiar irregularmente al Consorcio Puente Tarata III, que ganó la buena pro de la obra. Le dieron tiempo para que cuente con un certificado de vigencia de poder de uno de sus consorciados, que era requisito obligatorio para presentar la oferta.
Tampoco advirtieron que dos empresas del consorcio tenían un impedimento legal.
Indica que en noviembre Silva recibió 100.000 soles como adelanto de “buena fe” por la licitación del Puente Tarata.
Caso Ministerio de Vivienda
El equipo fiscal concluyó que el presidente Castillo coordinó el nombramiento de funcionarios de su entorno en el Ministerio de Vivienda y Construcción con el objetivo de controlar y direccionar los procesos de contratación según sus beneficios.
En esas circunstancias dictó un decreto de urgencia que permitió la transferencia de 34 millones de soles a dicha cartera ministerial para financiar obras de saneamiento urbano y rural. Precisamente, en ese decreto se incluyeron siete proyectos que luego direccionaron a empresas consorciadas con Lenus SAC, dirigida por el sobrino de Fermín Silva Cayatopa, amigo del presidente Castillo.
Asimismo, otras obras fueron entregadas a otros empresarios “amigos” o sus familiares, como la hermana del empresario José Espino, conocido por sus vínculos con Yenifer Paredes, cuñada del presidente.
La investigación señala que, además, se hicieron acuerdos ilícitos, como el pago de 200.000 soles al alcalde de Anguía, Nenil Medina, actualmente preso.
La denuncia constitucional
La acusación considera que reúne las conclusiones de tres investigaciones acumuladas: casos Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda.
Caso Petroperú
La denuncia señala que la presunta organización criminal liderada por Castillo designó a Hugo Chávez en la Gerencia General de Petroperú a pedido del empresario Fermín Silva, con el objetivo de controlar y direccionar los procesos de contratación de biodiésel, a fin de favorecer a la empresa Heaven Petroleum Operator.
Afirma que en octubre del año pasado el presidente de la República se reunió con Chávez y los representantes de la empresa interesada para favorecerlos.
Señala que Castillo habría recibido 2 millones de soles de parte de Karelim López, a través del secretario general Bruno Pacheco. Menciona como indicio la fiesta que ella le organizó al mandatario.
Caso MTC-Puente Tarata
En este caso, habrían nombrado funcionarios afines al Gobierno para manipular los procesos de contratación en Provías Descentralizado el año pasado. Esto contando con la participación del entonces ministro, Juan Silva.
Concluyeron que realizaron acciones para beneficiar irregularmente al Consorcio Puente Tarata III, que ganó la buena pro de la obra. Le dieron tiempo para que cuente con un certificado de vigencia de poder de uno de sus consorciados, que era requisito obligatorio para presentar la oferta.
La acusación considera que reúne las conclusiones de tres investigaciones acumuladas: casos Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda.
El dato
Órgano operativo. La investigación señala que Castillo lidera la presunta organización criminal y actúa con el apoyo del gabinete en la sombra, el brazo familiar, el brazo congresal, el brazo ministerial y de algunos funcionarios, entre otros.