Desde la Asociación
Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (Pro-Búsqueda) y el Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), saludamos las decisiones de la
Sala de lo Constitucional, que obligan al Ministerio de Defensa de El Salvador
y al Jefe del Estado Mayor a entregar a la Sala Constitucional y a la Fiscalía
General de la República información sobre los operativos militares “Operación
Limpieza”, también conocido como “Guinda de Mayo”, y “Mario Azenón Palma”,
también conocido como “Invasión Anillo”, ambos ocurridos en 1982.
Estos operativos guardan
directa relación con los casos de las Hermanas Serrano Cruz y otros, y de
Contreras y otros, por los cuales el Estado salvadoreño fue condenado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tanto por la desaparición
de las víctimas, como por la falta de esclarecimiento de los hechos. Las
hermanas Serrano Cruz desaparecieron en el contexto de la Guinda de Mayo,
mientras que los hermanos Contreras desaparecieron en el contexto del operativo
“Mario Azenón Palma”.
Las históricas decisiones
de la Sala de lo Constitucional permitirán avanzar en el esclarecimiento de
estas graves violaciones de derechos humanos y, a su vez, aportarán en la
construcción de memoria y en la búsqueda de reparación para las víctimas. En
sus resoluciones, la Sala de lo Constitucional establece la responsabilidad de
la Fuerza Armada de El Salvador en la desaparición de los niños y niñas.
También establece la responsabilidad del Ministerio de Defensa y del Jefe del
Estado Mayor por la existencia de un “patrón de desinformación al respecto”.