Sinay Céspedes Moreno, PL Quito (PL)
Ecuador vive días intensos de cara a una consulta popular y referendo,
previstos en febrero próximo, que podrían ser considerados como uno de los
ejercicios electorales más polémicos de los últimos tiempos en este país
sudamericano.
Impulsado por el presidente de la
república, Lenín Moreno, para reformar la Constitución en aspectos de interés
general y alta relevancia para el futuro de la nación, el proceso, que
actualmente se encuentra en la fase de campaña por las dos opciones (Sí y No),
resulta necesario para unos y contradictorio para otros.
Las actividades proselitistas tienen
como protagonistas a dos partes: el ejecutivo nacional, que cuenta con el apoyo
de varias organizaciones políticas y sociales por la aprobación de la consulta
y referendo, y exafiliados al oficialista Movimiento Alianza PAÍS, quienes
liderados por el exmandatario Rafael Correa, y junto a algunas instancias,
consideran parte de su contenido inconstitucional.
El gobierno nacional sustenta la
tesis de que no hay mayor ejercicio de democracia que consultar a la población sobre
temas como eliminar la reelección indefinida (para permitir la alternabilidad),
derogar la llamada Ley de Plusvalía (pues afecta un importante sector como el
de la construcción), sustituir al Consejo de Participación Ciudadana (bajo cuyo
control están las principales instituciones del Estado).